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Estatales y docentes paran mañana por la represión en el Borda

Trabajadores de la salud y la educación pertenecientes a la CTA realizarán mañana un cese de actividades y marcharán a las 11 a la Jefatura de Gabinete porteño para repudiar el violento accionar de la Metropolitana en el hospital de Barracas. Los subtes se plegarían a la medida.

Distintos gremios encolumnados en la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) realizarán mañana medidas de fuerza y confluirán en una marcha que se realizará partir de las 11 desde la avenida 9 de Julio y Avenida de Mayo hasta la sede de la Jefatura de Gobierno porteño en repudio a la brutal represión de la Policía Metropolitana en el Hospital Borda el pasado viernes.

El secretario general de la Junta Interna de Talleres Protegidos del Hospital Borda, Marcelo Frondizi, confirmó esta mañana que la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) realizará mañana un paro de 24 horas y motorizará la movilización a la sede del Ejecutivo porteño.

Así mismo, los docentes enrolados en UTE-Ctera, el gremio más numeroso de la Ciudad, se plegarán a ambas medidas de fuerza mientras que lostrabajadores del subte liberarán los molinetes y realizarían paros en distintos momentos del martes.

Cablevisión presiona a la justicia para frenar los fallos en su contra

Lo hizo a través de un escrito enviado al juez Alfonso Ziulu, en el que solicita el cese de las cautelares que le exigen la reducción del valor del abono básico del servicio de cable, porque de lo contrario quebrará y deberá dejar de prestar el servicio.

 Más allá de las diferencias ideológicas y las disquisiciones políticas en el marco de los debates parlamentarios, lo que debería primar entre los sectores en pugna debería ser cierto grado de coherencia con las causas que se defienden y se atacan. En los últimos 15 días, y al calor del debate del proyecto de ley de reforma de la justicia, quedó en evidencia una posición corporativa de algunos sectores de la oposición, de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) y de grupos de medios como Clarín, los que manifestaron su rechazo, con sus argumentos e intereses, a la iniciativa que ideó el kirchnerismo.

Paralelamente a esta posición monolítica –que puso como eje de la discordia las supuestas presiones futuras del Ejecutivo sobre los jueces y cruzó duro respecto de los nuevos plazos para las medidas cautelares de la reforma–, uno de esos sectores críticos a la nueva norma hacía, por otro lado, todo lo contrario a lo que pedía en público sobre el mismo tema: el respeto a la justicia.

Es que Cablevisión, la cablera del Grupo Clarín, acechada por distintas sentencias en la provincia de Buenos Aires que la obligan a facturar el servicio básico en $ 130 mensuales, tal como ordenó el Estado en lugar de los más de $ 250 actuales, salió a presionar fuerte a los magistrados que fallaron en su contra.

Macri fue denunciado penalmente por el operativo de represión en el Borda

La impulsora es la legisladora porteña María José Lubertino. Acusó al jefe de Gobierno porteño de "partícipe necesario de lesiones y tentativa de lesiones, instigador y abandono de persona". Otro legislador lo imputará hoy.

La legisladora porteña María José Lubertino denunció penalmente ayer al jefe de gobierno porteño, Mauricio Macri, a raíz del brutal operativo policial que reprimió a trabajadores, pacientes, y periodistas en el Hospital Borda. La presentación radicada en la Comisaría 28º de la Policía Federal que involucra también a los ministros de Seguridad, Guillermo Montenegro; de Desarrollo Urbano, Daniel Chaín; y de Salud, Graciela Reybaud, es bajo el cargo de "partícipe necesario de lesiones y tentativa de lesiones, instigador del daño, incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad y abandono de persona". Por el mismo motivo, el diputado porteño por el MST en Proyecto Sur Alejandro Bodart anunció que hoy radicará otra denuncia penal contra Macri y que impulsará su juicio político en la Legislatura.

En tanto, ya se tramita un expediente judicial a cargo del juez en lo correccional Fernando Pigni, que investiga resistencia a la autoridad de los manifestantes y también posibles "excesos" por parte de la fuerza policial. Hasta el momento, todas las denuncias de los heridos durante la represión –canalizadas por la CORREPI– también quedaron asentadas en el Juzgado Nacional en lo Correccional Nº 14 de la Capital, a cargo de Pigni. Fuentes judiciales especularon que el juez tendrá que desprenderse de la investigación por la actuación de la Policía Metropolitana y que la medida usual en estos casos es el secuestro de los registros donde quedaron asentadas las comunicaciones realizadas durante el operativo, en el Centro Único de Coordinación y Control de la Metropolitana. Todos los agentes que participaron de la represión estuvieron en contacto permanente con el jefe del operativo y segundo a cargo de la fuerza, Ricardo Raúl Pedace, quien el viernes estuvo encargado de impartir las órdenes a través de un sistema de handy que los agentes poseen incorporado en el lado izquierdo de sus cascos. El sistema que utiliza la Metropolitana impide que las modulaciones sean borradas, por lo que será de importancia la pericia de los registros para determinar responsabilidades sobre el accionar represivo de la policía local.

Bodart presentará hoy una denuncia penal contra Montenegro, el jefe de la Metropolitana, Horacio Giménez, y Macri "por abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y lesiones", como responsables del operativo que dejó un saldo de más de 30 heridos. También –junto a otros diputados– tiene previsto reunirse para avanzar en el pedido de "juicio político" contra Chaín, Montenegro, Giménez y Macri ya que, según enfatizó, "había una medida cautelar que impedía hacer lo que hicieron", en referencia a la decisión de la Sala II de la Cámara porteña que impedía avanzar con la demolición de los talleres protegidos del neuropsiquiátrico.